27 de febrer del 2013

Retardo malicioso de la Corte de Constitucionalidad

Imagen: Consejo del Pueblo Maya de Occidente

Nuestro país atraviesa actualmente un clima de alta inestabilidad y conflictividad social en relación a las actividades empresariales en nuestros territorios ancestrales, que tienen serios impactos sobre nuestros derechos fundamentales y pone en riesgo la gobernabilidad y desarrollo económico incluyente.

Dicha conflictividad social es resultado de la implementación de la Ley de Minería aprobada en 1997, que “coincidentemente” siguió al fin de la guerra interna de 36 años (1996), lo cual sólo evidencia que se alcanzó (la firma de la paz) para facilitar la explotación de minería metálica y no metálica. Según datos oficiales, desde ese año hasta el presente, el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado bajo el amparo de dicha ley, un total de 117 licencias de exploración y 8 de explotación minera de metales.

Consejo del Pueblo Maya de Occidente